Reporte a La Comisión De La Verdad y La Reconciliación De Honduras: Asuntos Constitucionales (Report to the Commission on Truth and Reconciliation of Honduras: Constitutional Issues)

Abstract

La versión en Inglés de este documento se puede encontrar en http://ssrn.com/abstract=1915214

Este reporte ha sido preparado para la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. El presente reporte tiene dos fines: primero dar un análisis legal y constitucional sobre los eventos relacionados con la destitución del Presidente José Manuel Zelaya Rosales de la presidencia en junio de 2009 (Parte IV del reporte) y segundo, ofrecer nuestras recomendaciones para las reformas constitucionales y legales que eviten eventos similares a futuro (Parte V del reporte). Este reporte también incluye, en su Parte III, un breve resumen de los hechos relevantes.

Los eventos circundantes a la destitución en junio de 2009 del Presidente Zelaya Rosales de su cargo involucran tres distintos peligros al gobierno democrático. El primero es el riesgo de que titulares del ejecutivo en funciones u otros actores políticos poderosos abusen sus facultades para agrandarse o minar otras instituciones democráticas. También hay un riesgo significativo en muchos países que estos actores puedan erosionar la democracia desde adentro. El segundo es el riesgo significativo que militares se involucren en eventos políticos, en particular durante transferencias irregulares de poder. Es crítico que las Fuerzas Armadas no retomen el papel político que una vez comúnmente jugaron en Latinoamérica. El tercero es la falta de claridad en el texto constitucional en relación con el rol institucional que debe ser jugado por los diferentes actores institucionales durante una crisis. El texto constitucional de varios países no provee guías claras sobre cómo diferentes actores deben actuar durante una crisis, ni explican como manejar los conflictos entre estos actores.

Un observador probablemente concluiría que tanto el Presidente Zelaya Rosales como muchas otras instituciones involucradas en su destitución actuaron ilegalmente e inconstitucionalmente en algunos momentos. Zelaya Rosales muy probablemente actuó inconstitucionalmente cuando propuso la “consulta popular” o “encuesta” de la Cuarta Urna y cuando continuó con dicho proyecto a pesar de órdenes judiciales en contra. El Congreso aprobó un decreto con el objeto de destituir a Zelaya Rosales de su cargo, pero el Congreso aparentemente no poseía las facultades constitucionales para destituir al Presidente. Por otra parte miembros de las Fuerzas Armadas actuaron inconstitucionalmente cuando expatriaron a Zelaya Rosales.

Los tres peligros a la democracia identificados en este caso- la erosión del gobierno democrático por el Ejecutivo, la intervención militar en la política y la falta de claridad acerca de los roles institucionales de los diferentes actores políticos – son difíciles de manejar mediante el texto constitucional y por los actores políticos. Uno de los principales problemas en el caso de Honduras es un texto constitucional que es ambiguo o vacío en varios puntos críticos. De mayor importancia, no existe un mapa constitucional en el cual se especifiquen las causas sustantivas para la destitución del presidente, el proceso de destitución y el papel de varias instituciones durante el proceso de destitución. Por este motivo resaltamos recomendaciones potenciales al texto. También recomendamos reformas dirigidas a fortalecer el estado de derecho en el país y en particular al Poder Judicial. Transformar al Poder Judicial en un árbitro más efectivo durante una crisis institucional aminoraría la posibilidad de que se utilicen procesos extraconstitucionales.

This report has been prepared for the Commission on Truth and Reconciliation of Honduras. It has two aims: first to give a legal and constitutional analysis of the events surrounding the removal of President José Manuel Zelaya Rosales from power in June 2009 (Part IV of the report), and second to make recommendations for constitutional and legal reforms in order to avoid similar happenings in the future (Part V of the report). The report also includes, in Part III, a brief summary of the relevant facts.

The events surrounding the June 2009 removal of President Zelaya Rosales from power involved three distinct dangers to democratic governance. The first is the risk that sitting chief executives or other powerful political actors will abuse their power in order to aggrandize themselves or to undermine other democratic institutions. There is a significant risk in many countries that these actors may be able to erode democracy from within. The second is the significant risk that militaries may become involved in political events, and in particular with irregular transfers of power. It is critical that militaries not take on the political role that they once commonly possessed in Latin America. The third is the lack of clarity in constitutional texts about the institutional role that should be played by different institutional actors during a crisis. The constitutional texts of numerous countries neither provide clear guidance as to how different actors should act during a crisis, nor explain how to manage conflicts between these actors.

An observer would be most likely to conclude that both President Zelaya Rosales and many of the institutions involved in his removal from power acted illegally and unconstitutionally at certain points. Zelaya Rosales most likely acted unconstitutionally when he proposed the Fourth Urn “consultation” or “poll,” and when he pushed forward with that project despite judicial orders to the contrary. At the same time, Zelaya Rosales was probably not removed from office by a legal process. Congress passed a bill purporting to remove Zelaya Rosales from office, but Congress did not appear to have the constitutional power to remove the President. And members of the Armed Forces acted unconstitutionally when they removed Zelaya Rosales from the country.

The three dangers to democracy identified in this case – executive erosion of democratic governance, military intervention in politics, and lack of clarity about the institutional roles of different political actors – are difficult for a constitutional text and for political actors to manage. One of the major problems in the Honduran case is that the constitutional text is vague or silent on several critical points. Most importantly, there is no clear constitutional roadmap laying out the substantive grounds for presidential removal, the process of removal, and the roles of various institutions during the removal process. We therefore highlight potential recommendations to the text. We also recommend reforms aimed at strengthening the rule of law in the country, and particularly the judiciary. Making the judiciary a more effective arbiter during an institutional crisis would lessen the possibility of resort to extraconstitutional processes.

Note: Downloadable document is in Spanish.

Keywords: America Latina, Honduras, Comision de la Verdad y la Reconciliacion, Golpe de Estado, Diseno Constitucional, Teoria Constitucional, Cambio Constitucional, José Manuel Zelaya Rosales