Usando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para proteger el derecho a la propiedad de los Pueblos Indígenas en las Américas: el impacto de la represa Salvajina en las comunidades NASA en el Cauca (Colombia) (The Inter-American Human Rights System & Indigenous Peoples’ Property Rights: The Case of the NASA indigenous communities in Cauca region (Colombia))

Abstract

Spanish Abstract: Los pueblos indígenas en las Américas han sufrido un proceso de despojo y desplazamiento de sus territorios ancestrales durante siglos, una de las razones fue siempre la falta de tutela (o de reconocimiento) a su derecho a la propiedad. Una serie de reformas legales, constitucionales, así como la ratificación de tratados a nivel internacional han conseguido cierto grado de protección en las últimas cuatro décadas. Sin embargo, cabe preguntarse si estas nuevas normas específicas eran indispensables para tutelar su derecho a la propiedad privada, un derecho que en las democracias liberales ha sido protegido desde la fundación de todos los estados americanos.

Colombia es un ejemplo de lo antes dicho. En 1991, una nueva Constitución permitió a su Corte Constitucional de Colombia (en adelante la CCC) una sólida jurisprudencia en materia de derechos de los pueblos indígenas, en especial a la consulta previa en casos de actividades extractivas a realizarse dentro de sus territorios. Para la Corte, los procesos de consulta deben darse en las primeras etapas de los proyectos. Sin embargo, en proyectos que fueron construidos antes de 1991, no habría existido para la Corte una obligación de consultar a las comunidades afectadas. Esto presenta un problema jurídico importante sobre cómo proteger los derechos de los pueblos indígenas antes de 1991, en el caso colombiano, o antes de que el derecho a la consulta haya sido introducido en el derecho positivo de un estado americano.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante el SIDH) puede desempeñar un papel crucial para cambiar esta concepción. En primer lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CorteIDH) ha establecido que los estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas y tribales, aun cuando su derecho interno no contenga una disposición al respecto. En segundo lugar, la CorteIDH puede determinar que la ausencia de una norma positiva en determinado momento constituye una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en lugar de una justificación de la legalidad de la actuación estatal. Y, en tercer lugar, una decisión de la CorteIDH ampliando la interpretación sobre el derecho a la consulta previa podría impulsar una nueva interpretación de este derecho que lleve a Colombia a reparar las violaciones de los derechos humanos que se realizaron antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1991.

En el presente capítulo usamos el proyecto de la Represa Salvajina (Colombia, Valle del Cauca) para desarrollar estos argumentos. Sostenemos que el derecho a la consulta previa, si bien es de vital importancia para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, es un derecho procedimental que busca tutelar derechos materiales que ya existían antes de la adopción de normativa especialmente dirigida a ellos. Esto es particularmente importante respecto al derecho a la propiedad, ya que no es un derecho de reciente adopción y es un derecho fundamental para que los pueblos indígenas puedan sobrevivir material y culturalmente. La solución que proponemos es aplicable a otras comunidades de Colombia, así como de toda Latinoamérica.

English Abstract: The indigenous peoples in the Americas have suffered continual dispossession and displacement from their ancient territories. One of the main reasons this occurs is because of the lack of recognition of the communities’ property rights. In the last decades, a number of countries have engaged in legal reforms (including at Constitutional level) to recognize and protect traditional possession of ancestral lands and to create avenues for titling. These national processes were aligned with international efforts to advance international law in the same direction trough out treaties, declarations, reports of treaties supervision bodies, and jurisprudence of international courts.

This process has also been underway in Colombia. In 1991, a new Constitution allowed the Constitutional Court to create a substantial jurisprudence on indigenous peoples’ rights, especially regarding prior consultation and invasive activities in indigenous lands. However, in a decision of 2004, the opinion of the Court was that before 1991 there was no duty of prior consultation to indigenous peoples. Two Nasa Indigenous Communities argued that their rights were violated by the construction of the Salvajina Dam in the Cauca region between 1980 and 1984. The Court ruled in favor of the communities but found there was no remedy because the state did not have a duty to consult with the communities at the time construction of the Dam began. The legal effect of this opinion is that no indigenous community can demand that the lack of consultation as an act that violates their human rights if an infrastructure project was commenced before 1991.

The Inter-American system, on the other hand, has taken a different approach. The Inter-American Court has a robust jurisprudence on indigenous peoples’ rights that started with the Maygna (Sumo) Awas Tigni case against Nicaragua. The I/ACourtHR has based their case law in an interpretation of article 21 (right to property) to include the traditional ways of the property of the indigenous peoples. To promote this right, the I/ACourtHR has established that states have the duty to consult indigenous peoples before adopting hazardous decisions for their rights and territory. In the Kichwa Indigenous People of Sarayaku case against Ecuador, the I/ACourtHR discusses the same questions as the Colombian Constitutional Court: What is the source of the prior consultation duty, and does it become enforceable? The I/ACourrHR, unlike the Colombian court, found that the duty to consult emanates from the American Convention on Human Rights, and its enforceability does not depend on its recognition in the domestic law or the ratification of a specific body of international law (as the ILO 169 Covenant).

The Colombian indigenous communities petition at the Inter-American Commission might lead to a different result than the Colombian court.

Note: Downloadable document is in Spanish.

Keywords: Right to Property, Indigenous Rights, Human Rights, Private Property